Jazmín GÓMEZ
Entre señalamientos de corrupción y de que Oaxaca se encuentra en un estado fallido en materia de seguridad, compareció ante la LXIII Legislatura del Estado, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jorge Alberto Ruiz Martínez, a quien le echaron en cara el aumento en los índices de violencia y los que están al frente de esa institución estatal no han salido a dar una explicación.
En su turno, la legisladora juchiteca Virginia Calvo López, del PRI, señaló que no se le puede creer al secretario de seguridad pública en las cifras que ofrece, pues Oaxaca cambió pero para estar peor, con altos índices de homicidios, feminicidios, ejecuciones, asaltos y robos a casa habitación, así como secuestros.
“El gobierno que se va, le falló al pueblo de Oaxaca, no hubo paz ni progreso. Nos entregan un estado donde el delito de homicidio está por arriba de la media nacional, los índices de violencia son cada vez más evidentes ante los ojos de la ciudadanía, no se puede ocultar esta realidad”, espetó.
“Le quedó grande el cargo secretario”, señalaron también legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Encuentro Social (PES).
En su oportunidad, el diputado del Partido Unidad Popular (PUP), Miguel Bernardo Aquino, sostuvo que sigue fallando el sistema de seguridad en el estado y eso se ve reflejado en los altos índices de ilícitos que se cometen cada día en Oaxaca, así como fallan las logísticas para la resolución de conflictos que solo dejan muertes como lo es el caso de Nochixtlán.
León Leonardo Lucas de Morena expuso que se está ante un estado fallido en materia de seguridad, por la ola de violencia que ha creado entre la población psicosis y pánico con justa razón, donde representantes de la Secretaría de Seguridad Pública solo se han ocupado del desvío de recursos y que se refleja en un déficit de más de 152 millones de pesos en la dependencia.
Manuel Léón Sánchez del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuestionó que el incremento de delitos de alto impacto, extorsiones telefónicas, secuestros, justicia por mano propia, abigeato, operativos fallidos, ha hecho que la ciudadanía no confíe y haya perdido el respeto a los elementos policiacos, lo cual es responsabilidad de quienes están al frente de las instancias encargadas de la justicia en el Estado.
NOCHIXTLÁN NIEGA ACCESO A SSPO PARA CONOCER LOS HECHOS
En su comparecencia, el Secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, Jorge Alberto Ruiz Martínez, rechazó los señalamientos de desvíos de recursos en la dependencia y sobre el caso Nochixtlán, sostuvo que solo se escucha la versión de una de las partes, misma que niegan el acceso a las instancias correspondientes para conocer la realidad de los hechos.
Ruiz Martínez expuso que se habla de un fraude de 700 millones de pesos en la dependencia, pero nadie puede comprobar en los hechos, que dichos recursos se recibieran y que fueran aprobados en el presupuesto federal para el 2016.
Justificó que por su parte, está de acuerdo en que se constituya la Comisión Investigadora en se dijo dispuesto a presentarse las veces que sean necesarias, porque hay muchos infundios que no se pueden comprobar.
Y reveló, sin decir nombres, que el mismo asesor de la LXII Legislatura local fue quien apoyó a elementos de los cuerpos policiacos que sin tener derecho a jubilarse, alegaban que tenían derecho y que los recursos destinados a ello fueron desviados.
Además, precisó, exigían un fondo de pensiones para el cual no aportaban su cuota antes del año 2015, cómo se puede presionar exigiendo un derecho para el cual no hubo las aportaciones necesarias, en donde solo el gobierno del estado se obligó a constituir un fondo de 3 millones de pesos.
“Insisto, cómo un abogado que representaba a los elementos policiacos, era juez y parte, porque al mismo tiempo trabajaba como asesor de la LXII legislatura, es importante que nos pueda informar cómo sacar 700 millones de pesos de los que nos acusan de forma indiscriminada, es importante constituir la comisión investigadora y estoy dispuesto a estar el tiempo que se requiera”, reviró.
Respecto al caso Nochixtlán, añadió, se trata de un tema en donde no hay que olvidar que la seguridad no sólo corresponde al gobierno del estado, sino recae primeramente en la responsabilidad del gobierno municipal luego en suma de esfuerzos al estatal y federal.
Dijo que en esa suma de esfuerzos durante el operativo, a quien le correspondió por tener mayor nivel jerárquico, fue a la policía federal, y solo se trataba de un desbloqueo carretero, pero de los resultados se habla mucho sin que se tenga la certeza de lo ocurrido y el veredicto final lo tendrá que dar la Procuraduría General de la República.
Destacó además que se habla de ocho personas muertas en el operativo, pero solo fueron 5, dos más murieron en Juchitán y uno al explotarle un cohetón cuando ya no estaban los policías, y de casos que nadie habla con la verdad.
Finalmente, agregó también que la misma parte que acusa a los policías, no habla de personas heridas de esta corporación, y ojala esa parte aporte las pruebas necesarias ante las instancias correspondientes y no sólo en medios de comunicación, porque además se niegan a que los peritos encargados entren al área de los hechos y realicen su trabajo.
“La justicia tiene que ser pareja para todos”, puntualizó.
