-Alberto Esteva Salinas y Alberto Benítez Tiburcio estarían involucrados en el delito de peculado
Un daño patrimonial que puede configurarse en el delito de peculado por 547 millones 261 mil 486.46 pesos arroja una investigación que está a punto de concluir en contra del ex secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, Alberto Esteva Salinas y el ex subsecretario de Planeación, Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Alberto Benítez Tiburcio por el caso del penal de Tanivet, el cual es un “monumento a la corrupción” que no podrá ser utilizado para tales fines, porque es infuncional.
Los presuntos involucrados en el megafraude de seguridad electrónica, principalmente son las empresas Picorp de México SA de CV y Seguritech Privada SA de CV, cuyo apoderado legal es René Bustos Soler, quien no solo elevaron hasta en 300% los costos, sino también las cámaras de seguridad, el equipo electrónico y hasta las puertas, las cuales se abren con mucha facilidad, no son las adecuadas para un penal de alta seguridad, concluye la revisión de las propias autoridades.
En este asunto hay tres líneas de investigación, la primera es la contratación ilegal de la empresa Picorp de México SA de CV por parte de ex servidores públicos, principalmente de Alberto Esteva Salinas, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Gabino Cué Monteagudo, en la adquisición de una solución integral de seguridad electrónica, plataformas, tecnologías, equipamiento e implementación del penal de Tanivet bajo el procedimiento de adjudicación directa, ya que si bien la Ley de Adquisiciones contempla dicha modalidad como excepción a la licitación pública, la misma no se encuentra justificada y soportada documentalmente.
Una segunda línea de investigación es por la ministración ilegal de recursos por parte del entonces subsecretario de Planeación, Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Alberto Benítez Tiburcio, tramitado bajo el concepto de crédito puente, ya que no se acreditó la existencia de una contingencia o gasto urgente de operación para su procedencia.
Esto se desglosa de la siguiente manera: Deuda Pública 2015, 24 de diciembre del mismo año se autorizaron 199 millones 999 mil 995 pesos; el 22 de noviembre de 2016 se autorizaron 82 millones 089 mil 222.97 pesos y uno último el 30 de noviembre de 2016 por 67 millones 010 mil 777.07 pesos, que da un total de crédito puente por 540 millones 641 mil 515.30 pesos.
Una tercera línea de investigación va contra los ex servidores públicos de la SSPO, Jorge Alberto Guillén Alcalá, ex subsecretario de Información y Desarrollo Institucional y Baldemar Pérez Canseco, ex subsecretario de Prevención y Reinserción Social, quienes en los ejercicios 2014, 2015 y 2016 autorizaron ilegalmente la liberación de recursos públicos estatales por un monto superior a los 547 millones de pesos a favor de la empresa Picorp de México SA de CV, como pago de la adquisición de una solución integral de seguridad electrónica para el penal de Tanivet en Tlacolula de Matamoros.
Lo anterior sin que estuviera demostrado técnicamente el avance de la implementación de dicha solución a la fecha de liberación de los recursos y sin que obrara soporte documental que respaldara su verificación física.
Asimismo recibieron a satisfacción la “solución” en el acta de entrega no obstante que no era funcional y que la empresa no cedió al Gobierno de Oaxaca los derechos para modificar los códigos fuente de la misma conforme a lo pactado en el contrato. Los delitos que pueden configurarse son: peculado, artículo 212 fracción Idel C.P.O o uso ilícito de atribuciones y facultades, artículo 208 fracción IV C.P.O., por “pago ilegal”.
Este es el historial de la presunta corrupción y la burla al pueblo de Oaxaca:
El 28 de agosto de 2014, el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alberto Esteva Salinas firmó un contrato con la empresa de seguridad Picorp de México SA de CV, de acuerdo al número SSP/OM/DRMS/POA/AD/013/2014, por la cantidad de 547 millones 261 mil 486.46 pesos para los trabajos denominados solución integral de seguridad electrónica, plataformas tecnológicas, equipamiento e implementación del Centro Penitenciario de Tlacolula de Matamoros (Tanivet).
La autorización de adjudicación directa se ubica en el acuerdo número CABS/XXVIII-SO-003/2014, de fecha 31 de julio de 2014 emitido por el Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Poder Ejecutivo, mediante el cual autorizó a la Secretaría de Seguridad Pública para realizar la contratación con dichas empresas en mención.
El plazo establecido en dicho documento para su terminación fue de 12 meses y el oficio de autorización de acuerdo con el Anexo A es ASE/OAS/SAF/0939/2916 y el SF/SPPP/312BIS/2014SF/SPIP/DPIP/PNE-0024/8323/2015 por un monto de 200 millones de pesos, como recurso inicial.
Los pagos realizados a la empresa Picorp de México SA de CV se realizaron de la siguiente manera: Anticipo por 191 millones 541 mil 520.26 pesos; segundo pago 164 millones 178 mil 445.94 pesos; tercer pago 109 millones 452 mil 297.29 pesos y un cuarto pago por 82 millones 089 mil 222.97 pesos, que da un total de 547 millones 261 mil 486.46 pesos.
El costo real de la obra según los precios actualizados en el mercado de todo el sistema de seguridad electrónica utilizados que más adelante les vamos a detallar fue de 239 millones 312 mil 282.43 pesos, en algunos sistemas elevaron los precios hasta en un 300%, pero lo más grave es que el sistema de seguridad contratado está inservible y aunque en un principio se quisieron lavar las manos argumentando que se debió a descargas atmosféricas, la revisión descartó esta hipótesis.
El 14 de noviembre del 2016 el reporte técnico de hallazgos observados al sistema de protección externo contra rayos en el Centro de Readaptación Social San Francisco Tanivet Tlacolula, Oaxaca, según la conclusión de la empresa que hizo la revisión SEGELECTRICA señala:
1.- El daño de las cámaras no pudo estar asociado a un impacto directo de rayo sobre alguna de ellas, porque no se observa ninguna evidencia de ello. 2.- El daño de las cámaras solo es explicable técnicamente si se debió a una inducción electromagnética causada por un rayo que pudo haber caído en alguno de los pararrayos existentes o bien en las cercanías de la instalación. Son 600 cámaras de seguridad las que fueron adquiridas.
3.-El sistema de protección contra rayos existente no cumple con la NMX-J-549-ANCE-2005, cuya aplicación es obligatoria para instituciones de gobierno, pero no se aplicó el método electro geométrico o de la esfera rodante y no se considera la implementación de un sistema integral que incluya el sistema de protección interno.
También en la inspección física realizada ha dicho centro penitenciario se constató que la seguridad electrónica, plataformas tecnológicas y equipamiento del penal, presentan fallas en el sistema de operación como por ejemplo:
El área de adictos no puede operar por fallas en el sistema eléctrico en esa zona y en la de Sujetos a Protección Sentenciados tampoco está en operación por reparación de la tarjeta. La empresa contratada incumplió con el contrato al no ceder al Gobierno de Oaxaca los derechos para modificar los códigos.
Las observaciones generales arrojan que no se validó la existencia de instaladores de software; en caso de fallos de hardware de algún tipo y se requiera el cambio, los sistemas ya no podrán instalarse en los nuevos equipos.
Tampoco se validó la instalación y vigencias de las licencias en los servidores, estaciones de trabajo y diversos software de sistemas, debido a que en el momento no se contaba con las claves de los mismos.
También es necesario contar con memorias técnicas que describan las tecnologías implementadas, su instalación y datos de acceso. Se requiere la documentación, manuales de operación y configuración, accesos, contraseñas y memorias técnicas de diversos software existentes.
Para una revisión completa de los sistemas instalados, es necesario contar con la memoria técnica, así como planos finales con descripciones de los equipos, trayectorias, capacidades y memoria fotográfica de su instalación, además de que es necesario validar la vigencia de las pólizas de mantenimiento de software.
En el expediente también se encontró una estimación de precios de mercado, los cuales muestran un exceso en el cobro de los sistemas, como por ejemplo el suministro, instalación, parametrización y puesta a punto del sistema de control de acceso para 825 celdas y puertas de mediana y máxima seguridad, administradas mediante PLC´S y un sistema inteligente de control, por el cual cobraron 165 millones 280 mil 368.30 pesos y su precio estimado actual es de 40 millones de pesos, lo elevaron hasta en 313%.
Otro exceso en cobro fue el suministro, instalación, parametrización y puesta en punto del sistema de inhibición de señal mediante antenas direccionales de potencia regulables por el cual cobraron 33 millones 616 mil 104.57 millones de pesos, su costo real es de 16 millones 104 mil 57 pesos, lo elevaron hasta en un 105%.
Uno más fue el suministro, instalación, parametrización y puesta en punto del sistema de detección de humo para un total de 15 sitios IDF´S y 1 MDF, por el que cobraron 17 millones, 977 mil 487.10 pesos y su valor es de 4 millones 500 mil pesos, lo elevaron hasta en un 299%.
Otro más fue el suministro, instalación, parametrización y puesta en punto del sistema de supresión de incendios para un total de 15 sitios IDF´S y 1 MDF, el cual cobraron en 19 millones 089 mil 496.60 pesos y su precio actualizado es de 7 millones de pesos, lo elevaron hasta en un 172%.
Asimismo el sistema de voz y datos para un esquema de 300 nodos y su equipamiento respectivo lo cobraron en 7 millones 142 mil 176.18 pesos, y su costo real es de 3 millones 800 mil pesos, elevándolo en un 87%.
Y finalmente por el sistema eléctrico de seguridad perimetral para una cobertura mediante tecnología de microondas por fibra óptica y sensor subterráneo especializado les pagaron 12 millones 056 mil 585.49 pesos, cuando en el mercado tiene un costo de 8 millones de pesos, lo inflaron en un 50%.
Como verán son múltiples las irregularidades y fallas que tiene dicho sistema de seguridad electrónica del penal de Tanivet, por ello es infuncional para su operación y lo convierte en un “elefante blanco” más que se queda como un enorme “monumento a la corrupción”.
Ya serán las autoridades correspondientes quienes determinen de acuerdo al dictamen que arroja la investigación, si los actores involucrados recibirán su castigo o seguirán gozando de impunidad.
¡Cuánta porquería!
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