CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador Ricardo Monreal aplazó hasta el primero de febrero, la presentación de una reforma constitucional “profunda” y “compleja” al sistema de justicia penal en México, luego de que este martes fueran filtrados nueve supuestos borradores.
“Nosotros queremos actuar con mucha seriedad. Por el momento como coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) no emitiré opinión hasta en tanto se haga la presentación formal de las iniciativas que, según nos expresa el fiscal y el consejero jurídico, será el primero de febrero o los primeros días de febrero”, dijo.
Además adelantó que, como se ha resultado en otros procesos –por ejemplo con las reformas constitucionales para la creación de la Guardia Nacional– el Senado realizará foros ciudadanos a fin de consensuar con todas las fuerzas políticas y la sociedad civil, las reformas constitucionales que modificarían los artículos 5º, 16, 18, 19, 20 21, 73, 76, 94, 97, 101, 102,116 y 122.
En dicho proceso Monreal expresó su deseo de que sean aprobadas, si no de manera unánime, sí “con una amplia mayoría”.
Comparecen Cordero, Gertz y Scherer
Esta mañana compareció el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, así como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ante senadores y miembros de la Jucopo para presentar un resumen de las propuestas.
El fiscal Gertz Manero, señaló que en el mes de junio se reunió con integrantes del senado en donde trató la “crisis de seguridad que había en el país”, y prometió “ir generando un proyecto que realmente generara una respuesta global a un problema que tiene la misma dimensión”.
“Se han hecho esfuerzos durante los últimos veinte años generando respuestas parciales que finalmente nunca han terminado por generar realmente una solución, que no solamente contenga, sino que deje que siga creciendo esta situación que es la más aflictiva de nuestro país”, señaló durante la reunión.
Año récord en homicidios
Hasta el pasado mes de noviembre, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se habían registrado 31 mil 688 homicidios por lo que se prevé que el 2019 termine como el año más violento desde que hay estos registros.
Ante ello, el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, acompañado de la Fiscalía General de la República (FGR), el Poder Judicial de la Federación y el aval de los gobernadores, han trabajado un proyecto de reforma constitucional “profunda” y “compleja” al sistema de justicia que iniciaría de cero “todo lo que no ha podido resolver” la actual, señaló el fiscal.
Violación de la presunción de inocencia
Frente a la propuesta, esta mañana el senador Samuel García, de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, convocó a conferencia de prensa, previa a la presentación de Gertz Manero ante la cámara alta, en la que señaló “que el paquete de reformas del Ejecutivo presenta una serie de retrocesos al sistema de justicia penal que violan la presunción de inocencia”.
“Muchas figuras del nuevo sistema acusatorio se van a quitar y otras del sistema inquisitorio se van agregar, por ejemplo se está solicitando desde la Constitución volver al arraigo, arraigo de 40 días para todos los delitos. Es un tema que no podemos definitivamente aceptar, es una figura caduca que la misma ONU está pidiendo a nivel mundial quitar porque viola completamente la presunción de inocencia” dijo.
“Se vuelven a aprobar los cateos sin un procedimiento, se vuelve a aprobar la intervención de comunicaciones que estaba prohibida por la Constitución, se vuelve a tolerar y permitir que las autoridades violen nuestra comunicación, nuestra correspondencia, nuestros correos, nuestros celulares nuestro WhatsApp y eso también es inaceptable”, añadió.
Polémicas “reformas”.
Entre las medidas que fueron filtradas y que no fueron corroboradas, destacan: modificaciones que buscarían permitir la intervención de comunicaciones privadas como pruebas en los juicios y restringir el uso de amparos para evitar dilatar las extradiciones, entre otras, según las versiones que circularon este martes.
A decir de la agencia de comunicaciones Reuters, La fracción IX del artículo 20 de la Constitución mexicana dispone la “nulidad” de “cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales” como las intervenciones de comunicaciones privadas sin autorización de un juez.
Sin embargo, una de las reformas propuestas a la Carta Magna permitiría su uso buscando que “ante la existencia de una actuación ilegal en la investigación ello no suponga automáticamente la impunidad de quien posiblemente infringe la ley”.
“Las pruebas consideradas ilícitas por el medio en cómo fueron obtenidas podrán, en su caso, ser tomadas en consideración y valoradas por el juzgador de una causa”, señala uno de los documentos a los que también tuvo acceso este semanario.
Ampliar el arraigo, una de las propuestas
Otra de las polémicas medidas, planteaampliar la figura del arraigo para todos los delitos, eliminándose la restricción de su aplicación a delitos de delincuencia organizada, se lee en la modificación al artículo 16 de la Constitución de un borrador al que tuvo acceso Proceso.
El proyecto de iniciativa también modifica el plazo máximo en el que la autoridad judicial o el Ministerio Público pueden decretar el arraigo de una persona, reduciéndolo de 80 a 40 días.
Por otro lado, plantea cambiar otro párrafo del artículo 16 para que la autoridad judicial federal pueda consentir la intervención de cualquier comunicación privada en materias de carácter fiscal y electoral, pese a que en la actualidad está prohibido igual que en materias de carácter mercantil, civil, laboral y administrativo.
Además, se prevé una ampliación de los plazos en los que un indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público, es decir más de 48 horas, para que se ordene su libertad o se le ponga a disposición de la autoridad judicial, para los delitos de corrupción o “aquellos que por sus características o circunstancias de ejecución o relevancia social impliquen una cantidad significativa de actos de investigación”.
Actualmente, esto solo aplica en el delito de delincuencia organizada.
Eliminar la vinculación a proceso,
Además, se eliminaría el auto de vinculación a proceso del artículo 19, que establece que “ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso.
En lugar de esto, se plantea que una vez que el imputado sea puesto a disposición de la autoridad judicial se cite a audiencia inicial y se determine de inmediato si el imputado será o no sometido a una medida cautelar.
Por último, con las supuestas modificaciones constitucionales, se pretende reformar la Ley de Amparo, la ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, el Código Penal Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de la Fiscalía General de la República.
