Con sendas solicitudes de juicio político en la 64 Legislatura Federal y en el Congreso de Oaxaca, para su destitución del cargo por omisión, incapacidad y uso tendencioso de la información, al fiscal general, Rubén Vasconcelos Méndez ni le inmuta ni le conmueven las protestas, mucho menos el asesinato violento de 412 mujeres en la entidad oaxaqueña en la presente administración.
Si hay un servidor público al que le vale que las mujeres sigan siendo asesinadas, ese es Rubén Vasconcelos, y así lo reflejan las estadísticas, sin temor a equivocarnos, es el fiscal más cuestionado por su nulo trabajo a nivel nacional, una verdadera joya.
Hay cuatro casos que mantienen en vilo al Gobierno de Oaxaca, que no tienen grandes avances y que el Fiscal ha tratado de justificar su gravísima omisión, pero además le apuesta a que los temas se queden en el olvido, al menos así pareciera.
El caso de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, quien fuera rociada con ácido sulfúrico el 9 de septiembre de 2019, cuyo presunto autor intelectual es el ex diputado priista, Juan Vera Carrizal, quien según la Fiscalía General del Estado es buscado a nivel nacional y en 194 países por la Interpol, por su captura ofrecen 1 millón de pesos.
Lo que es increíble es que si hay una alerta roja para su búsqueda en tantos países, es la hora que no lo encuentran, por ello los mismos familiares de la víctima han denunciado que sospechan de encubrimiento de las mismas autoridades de justicia. Hay dos presuntos autores materiales en la cárcel, padre e hijo, quienes están en prisión preventiva, hasta en tanto haya sentencia y sean declarados culpables.
Pero el presunto autor intelectual, Vera Carrizal, quien es poderoso empresario gasolinero y dueño de varias concesiones de radio, sigue prófugo de la justicia. En tanto, María Elena Ríos Ortiz continúa en su fase de recuperación, la cual requerirá todavía de otras cirugías. Los daños causados a la joven son irreversibles, pero sus ganas de vivir y de salir adelante, la han llevado a tocar nuevamente el saxofón.
Aquí retomamos también tres de los cuatro casos de mujeres, dos asesinadas y una de muerte accidental, de un comunicado enviado por las madres de las víctimas, para quienes la justicia no llega. Dejar claro que las investigaciones las hicieron las madres de las víctimas, no la Fiscalía General del Estado, hasta ese trabajo les tienen que hacer.
1.- Leslye Wilson Pérez, de 25 años, fue asesinada el 21 de noviembre de 2011 cuando fue arrojada desde un sexto piso en el Fraccionamiento Punta Vizcaya en el conjunto habitacional de El Rosario, en un municipio conurbado a la capital oaxaqueña.
En un principio se pretendió disfrazar de suicidio y fue gracias a peritos de la entonces Procuraduría General de la República que se demostró que había sido lanzada al vacío.
De los siete involucrados solo una está en proceso Zuilma O.M., los otros involucrados Ogilvie Berenice M.S., Jael Jair C.M., Cecilia R.S., Eréndira Osiris R.S., Abraham Abdalá R.S., y Edel Jaiver S. V., todos familiares directos de la extinta exsenadora del PRI, Cirila Sánchez siguen en libertad.
Berenice M.S. fue detenida en febrero de 2014, pero absuelta en mayo de 2015; Jael Jair C.M., fue detenido en noviembre de 2015 pero liberado en 2018, posteriormente fue asesinado en una céntrica calle de la capital oaxaqueña en mayo de 2019.
Cecilia R.S., fue detenida en la ciudad de México en abril de 2015 y en octubre de 2017 “de manera extraña le fue girada una orden de libertad a las 12 de la noche. Apelaron ante el Juez y en noviembre de 2018 le fue revocada la sentencia absolutoria, le giraron una orden de reaprehensión y recibe una sentencia de 30 años, así como el pago de reparación del daño por 134 mil 378 pesos.
Cecilia R.S. al igual que su hermana Eréndira Osiris R.S., y Abraham Abdalá R.S. están prófugos de la justicia, lo mismo que Edel Javier S.V. La única persona que está recluida es Zuilma O.M.
2.- María del Sol Cruz Jarquín, de 27 años de edad, fue asesinada, con armas de alto poder, junto con la regidora con licencia Pamela Itamaray Terán Pineda y el chofer de ésta, Adelfo Guerra Jiménez, el 2 de junio de 2018 en Juchitán de Zaragoza.
Fotógrafa y videasta era jefa del Departamento de Comunicación Indígena e Intercultural de la entonces Secretaría de Asuntos Indígenas del gobierno del Estado. Enviada en una flagrante violación a la ley electoral por el priista Francisco Montero López, titular de la SAI, a cubrir la campaña política de su hermano, entonces regidor de Juchitán y candidato a la alcaldía por el PRI-PVEM-PNA, so pena de perder su empleo.
La investigación que habría arrojado diversas vertientes sigue en ciernes. Un solo detenido al que no se le ha podido realizar la audiencia intermedia por “errores técnicos de la fiscalía”, aunque se trata tan solo del “eslabón más débil de la cadena”, pues falta por dar con quienes habrían sido los autores materiales y sobre todo los intelectuales de la triple ejecución.
Se abrieron dos investigaciones más. Una en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, misma que se judicializó hasta diciembre de 2019, es decir, un año y medio después de los hechos. Y otra por el robo del equipo propiedad de María del Sol: una cámara de video y otra de fotografía, así como una computadora MacPro, esta judicializada un año después.
La dilación y omisión de las autoridades en los tres casos sin duda permiten observar la clara protección a actores políticos afines al PRI.
3.- Silvia Ivanna Mingo López, de 26 años de edad, murió en un accidente automovilístico el 21 de octubre de 2018 en la ciudad de Oaxaca, cuyo presunto responsable es Alfredo D.C., líder juvenil del PRI, además de la implicación de Rebeca Leticia C.N., madre del acusado de “homicidio culposo” y en esos momentos delegada de la Profeco, ha sido acusada por obstrucción de la justicia.
Ante la impericia de la Fiscalía, la familia tuvo que efectuar diversas actividades para poder realizar la imputación a Alfredo D.C. “por todos y cada uno de los delitos en los que incurrió”, esto debido a que el accidente sucedió a las 03:00 horas y la víctima fue llevada poco antes de las 07:00 horas al hospital general Dr. Aurelio Valdivieso, aunado a los datos que arrojó la autopsia que señala que Ivanna murió alrededor de las 05:00 de la mañana. Es decir, la víctima estuvo casi dos horas sin atención médica.
Entre las actividades solicitadas destacan: entrevistas con el personal del bar le Musique, de donde salieron el imputado y la victima; las declaraciones de las enfermeras y personal de vigilancia del Hospital General Aurelio Valdivieso, por cierto ubicado a solo unas cuadras de donde ocurrió el accidente; los videos de todas las cámaras del hospital; declaraciones y videos de vecinos de la casa de la madre del imputado Rebeca Leticia C.N.; y peritajes de criminalística, entre otros. Sin embargo, y a pesar de que el Fiscal Vasconcelos se había comprometido a realizar las investigaciones, el tiempo pasó, por lo que si se cuenta con ellas es porque la familia de Ivana las consiguió.
En diciembre pasado y ante la falta de resultados llevó a la familia a solicitar el cambio de la agente del MP, Roxana Reyes Vásquez, lo que ocurrió dos meses después.
Otra irregularidad detectada es en la actuación del médico forense Jaime Alfonso Mayoral Vásquez, quien menciona en un primer dictamen que Ivanna murió alrededor de la 05:00 horas, sin embargo, tres meses después cuando tuvieron las copias de la carpeta de investigación, el dictamen forense, firmado por el mismo médico, señala que la muerte de Ivanna fue instantánea. ¿Cómo es posible esto? ¿Quién le ordenó que hiciera una reconsideración?
Las irregularidades en los tres casos revelan con claridad diversos actos de negligencia y omisiones cometidos por la Fiscalía General que encabeza Rubén Vasconcelos y la protección a personas ligadas al PRI. Partido político al que ya hemos solicitado deje de solapar a estos criminales.
Las familias hemos hecho reiterados llamados para el esclarecimiento de los hechos no sólo ante Vasconcelos, sino también ante el gobernador Alejandro Murat, quien escudado en la “supuesta autonomía” de la Fiscalía no parece inmutarse, para nosotras, las madres y familiares de Ivanna, María del Sol y Leslye, asumimos su falta de respuestas como un acto de complicidad y protección a los responsables. A pesar de todo, seguiremos exigiendo justicia para nuestras hijas.
Hasta ahí el comunicado de las madres de las víctimas.
Aunado a ello, desde la tribuna del Congreso de Oaxaca, la diputada de Morena Magaly López también criticó al fiscal, Rubén Vasconcelos cuyas acciones u omisiones, subrayó, “son causales de juicio político mediante el cual se puede imponer su destitución y en su caso inhabilitación para el servicio público”. La solicitud de juicio político en el pleno legislativo de San Raymundo Jalpan está detenida.
Casi a la par de esta solicitud, en la 64 Legislatura federal, la periodista Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol, también solicitó juicio político contra el fiscal de Oaxaca por omisión, dilación de la justicia, incapacidad y uso tendencioso de la información.
Es momento pues de que la 64 Legislatura del Estado a cargo de Horacio Sosa Villavicencio deje de hacerse “pato” y proceda con el juicio político contra un fiscal que no ha dado resultados, en la cancha del legislativo está la respuesta y Morena por ser mayoría tiene la última palabra.
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