Jazmín GÓMEZ
La irresponsabilidad de autoridades de los tres niveles de gobierno de resarcir el daño a las personas defraudadas por supuestas cajas de ahorro, pero además de no haber informado en su momento de la condiciones de ilegalidad en las que se estuvieron instalando, ha ocasionado que al menos 60 mil personas en el Estado de Oaxaca estén a su suerte, afirmó el presidente del Frente Único de Ahorradores Defraudados, Mario Enrique Herrera Carrasco.
Precisó que el Gobierno de Gabino Cué Monteagudo se negó a pagar los 385 millones de pesos que fueron aprobados el 15 de febrero del 2015 para un paquete 4, en beneficio de 5 mil 485 personas defraudadas y aunque el Gobernador actual, Alejandro Murat Hinojosa se comprometió en apoyar a las personas defraudadas para que reciban el beneficio del Fideicomiso del Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (FIPAGO), no están dispuestas a esperar 6 años de gobierno más.
Por dos administraciones continuas, sostuvo Mario Enrique Herrera Carrasco, se ha prometido a las personas defraudadas que serán apoyadas para resarcir el daño que dejaron las cajas “patito” y que fue permitido por las propias autoridades al no informar de la legalidad de las mismas, sin embargo, la gente está “harta” de las mismas promesas.
Expresó que en este contexto, en el que sólo han recibido promesas de los gobernantes, el FUADO realizará una serie de movilizaciones pacíficas para exigir fechas concretas y fechas de entrega del recurso correspondiente al paquete 4, por parte del Gobierno de Alejandro Murat.
“Estamos en tiempos muy difíciles, en que no le creemos a las autoridades, en tiempos en que si no es por las acciones que llevamos como sociedad activa y organizada, no vamos a hacer gran cosa por lograr el resarcimiento del daño o las labores conjuntas para poder obtener el cumplimiento de los derechos que le corresponden a la gente”, refirió.
El presidente del Frente Único de Ahorradores Defraudados indicó que a nivel estatal, son 60 mil personas las defraudadas, “una deuda patrimonial del Gobierno del Estado, llámese Ulises, Gabino, Alejandro Murat, quien quiera que sea el titular del Ejecutivo deberá cubrir los más de 7 mil millones de pesos que se adeudan en suma”.
