Con 30 votos a favor, diputadas y diputados de la LXIV Legislatura Local aprobaron un paquete de reformas a la constitución a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Oaxaca, a la Ley de una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y a Ley de Medios de Impugnación.
Lo anterior para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, quienes participan en los procesos electorales y hasta las elecciones pasadas sufrieron acoso y discriminación, por parte de sus compañeros de planilla.
Con ello se garantiza también que en caso de comprobarse la violencia de género, se podría anular elecciones de alcaldes, diputados locales y gobernador.
En dos sesiones extraordinarias, las y los legisladores aprobaron que las elecciones de alcaldes, diputados o gobermador, se anularán cuando se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Esto se establece en la reforma a la constitución en su inciso c), y se adiciona el inciso d) recorriéndose en su orden el subsecuente de la fracción VI del artículo 114 Bis.
Además se acredite violencia política contra las mujeres en razón de género, y las demás causas previstas en la Constitución y por las causas expresamente establecidas en la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales.
Con las adecuaciones al marco jurídico local se garantizará la participación política y electoral de las mujeres libre de violencia discriminación y desigualdad en las condiciones de participación entre mujeres y hombres.
Por lo que se armonizan las disposiciones de la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca con las disposiciones promulgadas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 13 de abril de 2020, presentan propuestas diversas en temas de lenguaje incluyente, paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género.
La reforma también contempla la obligación de aspirantes y candidaturas independientes a abstener de ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género, incluyendo sanciones puntuales a los partidos políticos de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público tratándose de infracciones relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones.
