- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ejerció 3,246 millones de pesos en publicidad oficial, una tercera parte del primer año de Peña, sin embargo, mantiene prácticas discrecionales y opacas en la asignación del gasto de publicidad oficial.
- En el contexto de pandemia por COVID-19 es fundamental que el gobierno informe oportunamente, a través de la publicidad oficial, a la población sobre las campañas y acciones para enfrentar la crisis sanitaria y económica.
Ciudad de México, a 2 de julio de 2020.- Según las cifras definitivas del Sistema de Comunicación Social (Comsoc), que publica la Secretaría de la Función Pública (SFP), en 2019 se presupuestaron 5,212 millones de pesos para publicidad oficial. Sin embargo, de acuerdo con las cifras definitivas del Comsoc[1] el gobierno federal gastó durante 2019 un total de 3,245 millones de pesos, dejando de ejercer cerca de dos mil millones de pesos. Si bien, el monto ejercido en 2019 representa alrededor de una tercera parte del gasto ejercido durante el primer año de Peña Nieto (9,632 mdp) y poco más de la mitad de Calderón (7,381 mdp), preocupa que se mantenga las malas prácticas al momento de ejercer este gasto.[2]
La ausencia de reglas claras para la asignación y distribución de la publicidad oficial es un tema pendiente en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aún con la Política de Comunicación Social[3] presentada el 17 de abril del 2019, persisten[4] los vicios y malas prácticas como la concentración y discrecionalidad en la asignación presupuestaria y la desigualdad en la distribución. ARTICLE 19 y Fundar insistimos en la abrogación de la Ley General de Comunicación Social para acabar con vacíos y malas prácticas que históricamente han contribuido a vulnerar la libertad de expresión y el derecho a la información.
El gasto en publicidad oficial sigue altamente concentrado. Del total del monto erogado en 2019, cinco[5] de 564 medios de comunicación concentran el 40% de los recursos, es decir poco más de 1,253 millones de pesos, lo que significa que las viejas prácticas continúan repitiéndose, La concentración del gasto es una práctica constante en los últimos gobiernos.[6] Asimismo, de las 117 instituciones del gobierno federal que destinaron gasto para publicidad oficial en el 2019, tres[7] de ellas concentraron el 67%, es decir, poco más de 2,170 mdp.
Si bien el presidente López Obrador se comprometió a través de su política de austeridad y combate a la corrupción a disminuir en un 50% el gasto de publicidad oficial, lo cierto es que las malas prácticas no han cambiado. Al contrario, han originado desigualdad y brechas entre los medios de comunicación que aspiran a beneficiarse a través de la publicidad oficial. De igual forma preocupa la falta de planeación del gasto ya que puede derivar en la ineficiencia y también, aleja los contenidos publicitarios de aquellos de interés general. De acuerdo con la información que emite la SFP, de los 3,246 millones ejercidos 2,720 millones se gastaron únicamente en diciembre, es decir, el 83%; y 306 millones, el 9% en noviembre. Más del 90% del gasto se encuentra concentrado en los últimos dos meses de 2019.
ARTICLE 19 y FUNDAR recuerdan que precisamente en un contexto de alta conflictividad social como lo es el que estamos viviendo en este momento, en donde la salud y la economía de las personas se encuentra en desbalance, es precisamente el momento en el que la información se vuelve un elemento esencial para garantizar certidumbre, evitar el caos y promover el desarrollo. En este sentido, es importante que el gobierno planee de manera estratégica el gasto de publicidad oficial a fin de que la comunicación social logre acompañar a los ciudadanos en la toma de mejores decisiones para su bienestar y desarrollo.
El gobierno federal y el titular del ejecutivo deben tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho de la población a estar debida y oportunamente informada, recordando que la correcta regulación de la publicidad oficial es hoy más que nunca necesaria. Desde ARTICLE 19 y FUNDAR hemos insistido en la necesidad de abrogar la actual Ley General de Comunicación Social[8] y dar pie a una nueva discusión para la creación de una ley que regule los vacíos y malas prácticas, principalmente a través de la definición de criterios claros, objetivos y transparentes para la asignación de la pauta; así como de mecanismos de planeac
