Ante el aumento de la violencia contra las mujeres en los últimos meses de confinamiento, la diputada Hilda Graciela Pérez Luis presentó ante el pleno del Congreso del Estado un paquete de reformas a la Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca, a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género y a la Ley Estatal de Derechos.
Lo anterior con el objetivo de garantizar a las víctimas de violencia el derecho de acudir ante las instancias correspondientes en busca de justicia, a las instancias investigadoras e impartidoras de justicia, la facultad de auxiliar en la solicitud de actas del registro civil y que dichas solicitudes de actas se exceptúen de cobros.
“Existen casos en que las mujeres víctimas de violencia tienen que salir huyendo de sus domicilios para evitar más agresiones hacía ellas y en su caso, hacia sus menores hijos, por lo que no tienen tiempo de tomar documentos de identificación”, expuso en entrevista.
Agregó que las víctimas al acudir a las instituciones de procuración de justicia a presentar su denuncia, querella o demanda según sea el caso, se encuentran con el primer obstáculo al no presentar documentos que acrediten su identidad y la de sus menores hijos, como lo son las certificaciones expedidas por la dirección del Registro Civil y en consecuencia no pueden iniciar con el trámite correspondiente, violentando así su derecho al acceso de justicia.
Dijo que el derecho humano de acceso a la justicia es un derecho reconocido en diversos instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte en los que se señala que la administración de justicia debe ser imparcial y no discriminatoria.
“El poder judicial constituye la primera línea de defensa a nivel nacional para la protección de los derechos y las libertades individuales de las mujeres, y por ello la importancia de su respuesta efectiva ante violaciones de derechos humanos. Una respuesta judicial idónea resulta indispensable para que las mujeres víctimas de violencia cuenten con un recurso ante los hechos sufridos y que éstos no queden impunes”.
El Estado deber de actuar con la debida diligencia frente a las violaciones de los derechos humanos. Este deber comporta cuatro obligaciones: la prevención, la investigación, la sanción y la reparación de las violaciones de los derechos humanos y evitar la impunidad, reiteró.
