Al encabezar los trabajos, Luisa María Alcalde, titular de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), expuso que en el proceso de implementación de la reforma se han presentado obstáculos, “además de encarar inercias arraigadas y resistencias de poderes creados, enfrentamos desafíos inéditos en un contexto de pandemia global. Pese a todo, hemos demostrado que sabemos adaptarnos, superarnos y cooperar en la búsqueda de soluciones”, expuso.
Como parte de los acuerdos que tomó el Consejo están nuevas reglas para la reanudación del plazo para adecuar estatutos sindicales; en ese sentido, y tras consultas con la Secretaría de Salud, aprobó otorgar a los sindicatos 17 días hábiles y 45 días naturales para el cumplimiento relacionado con la adecuación de sus procedimientos de consulta para la aprobación de sus contratos colectivos, y para adecuar sus procesos de votación a las nuevas reglas de democracia sindical, contados a partir de la fecha en que la autoridad registral correspondiente reanude labores y el semáforo de la entidad se encuentre en color verde.
Asimismo, se acordó que la primera etapa de la nueva justicia laboral, iniciara la segunda semana de noviembre, para que los estados puedan superar el impacto ocasionado por la epidemia de COVID-19 en sus procesos de licitación, ejecución de obra y capacitación de personal.
También se convino que en los estados de Tlaxcala y Guanajuato se recalendarizan para el inicio de operaciones de las nuevas autoridades federales y locales para el último trimestre del 2021.
En tanto, los estados de Aguascalientes, Baja California, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Veracruz, formarán parte de la Segunda Etapa de implementación, y se invitó a Baja California Sur, Colima y Querétaro a sumarse a este grupo.
Dentro de los avances logrados hasta el momento, la Unidad de Enlace para la Reforma Laboral de la STPS reportó un progreso del 86% en la adecuación de estatutos de sindicatos activos con registro federal, mientras a nivel local sólo se tiene un 10%. Asimismo, 71,500 trabajadores han ejercido su voto personal, libre, directo y secreto para la legitimación de 168 contratos colectivos a través de 340 consultas.
