• Deducciones del 10 por ciento al salario del personal de confianza es contrario a la Ley Federal del Trabajo, señalan diputados.
• Demandan transparentar y explicar su aplicación.
San Raymundo Jalpan, Oax. 10 de agosto de 2020.- El descuento del 10 por ciento realizado al salario del personal de confianza del Poder Ejecutivo, es contrario a la Ley Federal del Trabajo, razón por la cual, el Congreso local demandó al Gobierno del Estado evitar dicha medida administrativa y reintegrar el dinero a los empleados afectados.
En sesión ordinaria de este miércoles, la representación popular aprobó un punto de acuerdo que protege el derecho de los y las trabajadoras de confianza a recibir de manera íntegra su salario. Lo anterior, ante el anuncio del Ejecutivo local de hacer descuentos, durante tres meses, a sus sueldos y así reunir 96 millones de pesos para el combate a la pandemia provocada por la Cociv-19.
Esta medida administrativa ha provocado inconformidad, porque se han reportado descuentos, aparentemente de manera discrecional, hasta del 20 por ciento, contrario a la Ley Federal del Trabajo que en su Artículo 110, solamente permite descuentos por anticipo de salarios, pagos hechos con exceso al trabajador, errores, pérdidas, averías o adquisición de artículos producidos por la empresa o el establecimiento.
Contrario a las donaciones voluntarias, las deducciones forzadas abren la posibilidad para demandar al Gobierno del Estado por dicha acción, en los términos de los artículos 50, 51 y 52 de la legislación referida anteriormente.
La medida legislativa impulsada por la legisladora, Hilda Graciela Pérez Luis, y el diputado, César Enrique Morales Niño, también alude el Artículo 51 de la Ley, que prevé como causa de rescisión de contrato, con responsabilidad para el empleador, la reducción del salario al trabajador.
Asimismo, el Poder Legislativo exigió transparentar el destino del capital generado por esta práctica, ya que su aplicación y distribución debe ser escrupulosamente vigilada, medida que voluntaria o no, se volvió oficial al publicarse en el Periódico Oficial del Estado, con fecha 28 de abril de 2020.
