El senador de la República, Ricardo Monreal Ávila aseguró que la justicia en México ha vivido desde hace décadas un cáncer terminal, conformado por la corrupción, el nepotismo y la impunidad.
Estos deleznables parásitos se han arraigado en las estructuras de los aparatos de procuración e impartición de justicia en todo el país, y creo que es el momento de terminar con ellos, dijo al participar en el Foro Virtual: “Desafíos de la Justicia Mexicana”
“No permitamos la simulación. No se trata de maquillar o disfrazar la realidad. Aquí en el senado, todos los senadores y las senadoras han presentado iniciativas en ese sentido, porque la justicia mexicana presenta desafíos de grandes dimensiones para todas las instituciones del Estado y para todos los operadores jurídicos”, reconoció.
Fue claro al señalar que no puede haber transformación del Estado sin una profunda renovación del Poder Judicial y del aparato de justicia. Es hora de hacer frente a una de las principales demandas sociales: el acceso a la justicia para todas las personas.
Precisó que de acuerdo con los últimos censos de impartición de justicia federal y estatal elaborados por el INEGI, el Estado tiene poco más de cinco mil órganos jurisdiccionales en todo el país, en toda la República:
De los cuales cuatro mil 99 corresponden a juzgados y salas de Tribunal de los poderes judiciales estatales; 915 al Poder Judicial federal y alrededor de 150 pertenecen a tribunales agrarios, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a tribunales administrativos y electorales locales.
Los órganos de justicia locales y del Poder Judicial federal, de acuerdo con los censos citados, resolvieron durante el último año dos millones 300 mil asuntos. De los cuales la mitad fueron resueltos por órganos federales, y la misma cantidad por los órganos locales.
Los poderes judiciales locales reciben anualmente alrededor de dos millones de asuntos nuevos. Es decir, se resuelven menos asuntos de los que se reciben.
“Esto genera acumulación, rezago, reclamos legítimos por parte de la sociedad, que demanda reglas procesales más ágiles, orientadas al cumplimiento de los principios de inmediatez, oralidad, concentración, publicidad, transparencia, celeridad, imparcialidad, independencia y, sobre todo, con apego al principio de la verdad”.
Hoy, aquí, hacemos el compromiso de presentar, muy pronto, una reforma —con la experiencia de la judicatura—, que posibilite la protección eficaz a juezas, jueces y a todos aquellos operadores de la materia penal, de ambos fueros, quienes, por sus funciones, se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Se requiere, dijo de un sistema judicial en que el mérito sea el factor esencial del ingreso y la promoción, desterrando para siempre el nepotismo y el favoritismo; un sistema judicial que permita gozar de niveles de confianza acordes con el preeminente lugar que ocupa en el entramado institucional.
