- Piden al Congreso local que la propuesta presentada hace días no se apruebe
- La falta de educación sexual tiene graves consecuencias para las niñas y adolescentes
271 a título personal y 79 de colectivas y organizaciones no gubernamentales firmaron hoy una carta pública que se dio a conocer esta tarde para rechazar la iniciativa legislativa que busca aprobar el PIN parental, mediante una reforma al artículo 74 de la Ley de Educación de esta entidad.
La propuesta legislativa, turnada a comisiones el pasado miércoles en la sesión ordinaria de la Legislatura local, fue hecha por las y los diputados Fabrizio Emir Díaz Alcázar y Arsenio López Mejía García (del PES), María de Jesús Mendoza Sánchez (del PAN), Victoria Cruz Villar y Aurora Bertha López Acevedo (ambas del PVE).
La intención es que madres y padres puedan restringir a sus hijas e hijos el acceso a educación sexual, científica y con base en evidencia bajo el argumento de que ese contenido contraviene “su moral”.
Dicho documento, fechado el 11 de agosto, pretende reforzar el control que personas adultas pueden ejercer sobre la niñez y juventudes para mantenerlas vulnerables a diversos abusos sexuales que constituyen crímenes y violaciones a sus derechos humanos. Del mismo modo, interpreta erróneamente que el principio del interés superior de la infancia es un derecho de los adultos, progenitores y cualquier otra persona.
En el pronunciamiento, dirigido al Congreso local, Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a los padres y madres de familia de Oaxaca explica cómo la falta de educación sexual tiene en las y los menores diversas afectaciones, como el embarazo adolescente, que en México afecta a cuatro de cada 10 niñas víctimas de violencia sexual.
Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Puebla son los estados con el mayor número de niñas embarazadas en el país, mientras que nuestro estado ocupa el tercer lugar en embarazos de menores de edad y abuso sexual infantil, mismo que ocurre sobre todo en el ámbito familiar, de acuerdo con datos de la Procuraduría Estatal de Protección a los Derechos de niñas, niños y adolescentes, además de que sólo el cinco por ciento de los casos logran ser denunciados.
La existencia de una Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes firmada el 4 de diciembre del año 2014 en la que el Estado mexicano denomina y reconoce a las y los menores como sujetos de derecho no les ha protegido de la discriminación sistemática que sufren por la omisión y/o acción del propio Estado; a pesar de que le corresponde a las y los diputados legislar con base en los tratados internacionales vigentes y ratificados por el Estado mexicano, constantemente atentan contra el bienestar de la infancia y la adolescencia.
Por ello, se exige detener la intención de grupo de servidores públicos y “representantes” populares, que tienen por obligación velar por el cumplimiento de los derechos humanos para todos los grupos que integran la sociedad, especialmente a las infancias y adolescencias.
Por el contrario, demandan la existencia de políticas públicas encaminadas al cumplimiento del artículo Tercero Constitucional que, entre otras cosas, señala que “La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva”.
“Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá́ el conocimiento de las ciencias y humanidades… LA EDUCACIÓN SEXUAL Y REPRODUCTIVA y el cuidado al medio ambiente, entre otras”.
“El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”.
Sin embargo, aseguran que la ausencia de contenidos sobre sexualidad en la educación pública vulnera el interés superior de la niñez para acceder a información sobre métodos anticonceptivos, reproducción, auto-erotismo y otros aspectos importantes que deben ser de su conocimiento para prevenir el abuso sexual, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y expresiones de discriminación contra quienes forman parte de la diversidad sexual.
Por ello exigen se garantice la creación de cuerpos normativos que introduzcan el derecho de información a las infancias, adolescencias y juventudes sobre sus derechos sexuales y reproductivos.
De igual forma la laicidad en políticas públicas y etiquetados de presupuestos que ayuden a prevenir la violencia sexual infantil en el Estado.
Que se informe y transparente, sin plazos ni topes legales, el acceso a la información sobre la vulneración de Derechos de Niñas, Niños y Adolescencias, tratándose sobre todo de la Fiscalía del Estado de Oaxaca y la Secretaría de la Mujer.
Y, exhortar, las veces que sean necesarias: al IEEPO, SMO, a la Fiscalía del Estado, a la SESIPINNA Oaxaca, a la rendición y cumplimiento de seguimiento a casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Información de: https://www.semmexico.mx/?p=24513
