Balance: 2° Informe de Gobierno, feminicidios e impunidad
- Las Fiscalías o Procuradurías siguen haciendo mal su trabajo
- Los testimonios de las familias, la evidencia
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Cd. de México, 1 de septiembre, 2020.- La impunidad en los asesinatos de mujeres empieza cuando los gobiernos, como producto del machismo acendrado, niegan el problema, y por la incapacidad para no investigar adecuadamente, con perspectiva de género, cada uno de esos asesinatos.
Es María Salguero Bañuelos, la responsable del portal Los Feminicidios en México, quien señala en siete meses del año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha registrado más de dos mil 200 feminicidios, poco menos de la mitad, unos 944 fueron cometidos durante los primeros tres meses y medio del confinamiento sanitario para evitar contagios por el Covid-19.
Conservadoramente, agrega María Salguero, la cifra de asesinatos de mujeres podría ser igual a la alcanzada en 2019, pero “no disminuyeron” como aseguró hoy en su segundo informe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, y reiteró que incluso podrían ser más.
A eso se refiere cuando plantea que las autoridades niegan los asesinatos violentos de mujeres por razones de género.
En su trabajo, esta geofísica feminista, quien desde 2016 inició el Mapa de feminicidios en México, ha encontrado de forma constante que las familias de las víctimas reportan que las investigaciones hechas por las fiscalías o procuradurías son deficientes, no se hacen desde la perspectiva de género como establece la normatividad, no recaban adecuadamente la evidencia, la pierden o la contaminan y, además, revictimizan.
Casos concretos de sus dichos hay muchos. Como muestra revela que al menos conoce varios casos ocurridos donde no hubo reactivos para tomar las muestras de ADN de los agresores “y los dejan que se vayan con sus camisas llenas de sangre”.
Esto es el principio de la impunidad y “a ojo de buena cubera” lo calcula en siete u ocho de cada 10 casos en México. Cita la estadística revelada por la organización no gubernamental Impunidad Cero que señala que en México esta alcanza el 98.86 por ciento de los homicidios dolosos.
Lo otro, acusa, es que en México hablar de feminicidio también tiene un sesgo de uso político, lo que también es impunidad.
En carne viva
Tocaron las puertas del Palacio Nacional en los primeros días de julio, les recibieron su pliego petitorio que planteaba en primer lugar ser escuchadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, su queja: la impunidad en los asesinatos violentos de sus hijas, hermanas o amigas.
Los días se acumulaban, las familias no se movieron. Se plantaron a las afueras del palacio nacional. Ahí, fueron testigas de varios acontecimientos por la víspera de las fiestas patrias de septiembre. Aparecieron los focos de colores, pero del presidente ni sus luces; después vendría lo inminente, inició el hostigamiento policiaco por las madrugadas amedrentando a las familias para que desalojaran, porque necesitaban la plancha limpia para El Grito y el Desfile, del Presidente nada; un día, la policía de la CDMX se fue contra otros plantones, como las y los artesanos otomíes, ellas dieron cuenta de lo sucedido cuando estaba por amanecer e hicieron la denuncia pública en sus redes sociales, del Presidente todavía nada. Algunas de las madres, hermanas o amigas de víctimas de feminicidio se enfermaron, el Covid-19 llegó a las casas de campaña…Andrés Manuel no apareció, excepto en la televisión como cada mañana, pero a ellas no las recibió.
El pasado sábado 22, tras 50 días y sus respectivas noches, vencidas por el cansancio, se retiraron del lugar, el balance es decepcionante para ellas. Olga Sánchez Cordero las recibió el 27 de julio, ahí les hizo un anuncio que desconcertó a Lidia Florencio, cuando la Secretaria de Gobernación le dijo que el asesino de su hija Diana había sido detenido.
Casi un mes después, el 25 de agosto, la misma funcionaria desconocería a ese grupo de madres, señalando que “hay quienes se han arrojado la representación de algunas otras” y aseguró que ella, atenderá a todas de forma individual. Para eso estaba (en su oficina) mañana, tarde y noche. Las madres no agregaron comentario alguno, por años de experiencia saben cómo es el oficio de la política.
En México las cifras de víctimas de la violencia machista son ya aterradoras: la organización México Evalúa informó que este año cada día son asesinadas 11 mujeres y 87 más sufren violencia sexual. María Salguero señala que cada día son asesinadas 10.51 mujeres. En el fondo de cada caso yace la impunidad, que deriva de carpetas mal investigadas e integradas, sin protocolos para observar la violencia feminicida ni el feminicidio, la nula investigación de los casos y las múltiples omisiones de las Fiscalías que, pese a la normatividad internacional y nacional, siguen investigando los hechos como “homicidios dolosos” y no como feminicidios.
A 21 meses de la actual administración de gobierno, López Obrador de manera sistemática se ha negado a hablar con las víctimas indirectas del feminicidio, entre quienes “la impunidad” es un lugar común. Hoy aseguró que en su gobierno es uno de los delitos que bajó.
Los asesinatos violentos contra sus hijas, madres, hermanas o abuelas no se castigan, lo que contrasta con los dichos de quien, a decir de las familias “sí se ha logrado la representación del Presidente para atenderlas”, es decir, Sánchez Cordero.
Hablar con el Presidente no es posible. Al principio muchas le entregamos cartas cuando acudía a sus primeros actos, él decía, la voy a leer, lo vamos a resolver, no se preocupe. Regresabas a tu casa llena de esperanzas, pero al paso del tiempo te das cuenta que no es cierto.
En Oaxaca, la familia de Ivanna Mingo entregó una carta al Presidente López Obrador en diciembre de 2018, señalando irregularidades y demandando justicia. En respuesta les pidieron que llamaran a un número telefónico del que nunca respondieron, dice José Manuel López Ramos, tío de Ivanna, quien falleció tras un accidente automovilístico en 2018, el problema fue que quien conducía el automóvil, entonces cercano colaborador de Alejandro Murat, Alfredo D., no llevó a Ivanna al hospital de manera inmediata sino hasta casi cuatro horas después y se fue. De acuerdo con la autopsia, el fallecimiento de la joven no fue de manera inmediata sino horas después.
Este fin de semana, Silvia López Ramos, madre de Ivanna, falleció, nunca pudo ver la justicia para su hija, ni la respuesta a una carta que Úrsula, otra de sus hijas, puso en manos del Presidente.
En marzo de 2020, luego de las multitudinarias marchas de mujeres en todo el país exigiendo alto a la violencia el 8 de marzo y tras Un día sin Mujeres, el 9 de marzo, la propia Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ofreció como lo había hecho ya en otras ocasiones, resultados para “poder un alto a los feminicidios y a todo tipo de violencia contra las mujeres, pues esa es una prioridad (del gobierno).
Los resultados a “corto plazo” de los que habló no han llegado.
La queja de las familias de víctimas de feminicidio es generalizada: la falta de justicia por las omisiones que las fiscalías de las 32 entidades es una constante, así como la falta de avances en las investigaciones, la revictimización y la discriminación son elementos sistemáticos.
Yesenia Zamudio, madre de una víctima de feminicidio, Mary Chuy Jaimes Zamudio, dice a boca de jarro que en el gobierno de la 4T “se hacen pendejos”. Quienes han puesto el dedo en la llaga son las colectivas y organizaciones feministas.
Cabe señalar que en los últimos años han surgido diversas organizaciones en todo el país con la misma demanda, muchas de ellas para dar acompañamiento a las familias e integradas por mujeres jóvenes. Sus demandas son persistentes en las redes sociales. Una respuesta a lo que el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio llamó “una emergencia nacional” que sigue sin apurar al ejecutivo mexicano.
“Si tenemos que quemar y romper todo el país lo vamos a hacer, esa es la única forma en que responden”, dijo la también activista del Frente Ni una Menos, quien señala que López Obrador es “un simio que no sabe gobernar”.
Zamudio asegura que su única intención de ir al Palacio Nacional, “si fuera”, junto con otras madres de víctimas de feminicidio no es otra que escuchar al presidente mexicano y ver “si en nuestra cara nos dice que los datos son falsos, que nos están atendiendo bien…a ver si nos lo dice en nuestra cara, con las actas de defunción en la mano, que no es cierto y que nosotras mentimos”.
A nuestras hijas las matan y no hay justicia para ellas, y nosotras ya estamos hartas, puntualiza a SemMéxico plataforma informativa que ha dado cuenta de un importante número de denuncias ante la falta de justicia.
Mar Cruz, defensora y activista por los derechos humanos, refirió que muchas víctimas no han accedido a la justicia, otros casos no llegan a un juicio, y agrega que hay más por los efectos colaterales que deja un feminicidio, como los y las cientos de huérfanas que hoy sobreviven al cuidado de sus abuelas, tías o cualquier otro familiar, a ellos y ellas tampoco les alcanza la justicia.
El no escuchar a las mujeres, el hacer caso omiso de sus demandas, nos da un mensaje diferente al que quisiéramos oír, pareciera que no quiere que dejen de asesinar mujeres y, sobre todo, reconocer que es un problema grave al que no quieren mirar de frente y que como Estado y AMLO a la cabeza del Estado, está obligado a tutelar el máximo bien jurídico: la vida de las personas.
No son solo cifras
Entre algunos de los casos emblemáticos destaca el de Alejandra de 15 años de edad y cuyo feminicidio ocurrió en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, “no hay detenidos o avances en las investigaciones para dar con los responsables, más aún “las autoridades han dejado de buscar, el crimen ha quedado impune”, denuncia Rocío, la hermana mayor, quien desde que encontraron a su hermana asesinada y con signos de tortura en un lote baldío en los límites de Nicolás Romero con Atizapán, Estado de México, no ha parado de exigir y buscar justicia.
“Llevamos más de medio año sin contacto alguno con la fiscal que llevaba el caso. La última vez fue antes de que comenzara el año cuando fuimos a la Fiscalía para ver qué avances había. Fuera de eso no hemos tenido otro contacto”.
Existen diversos casos en que son las familias las que “en cuerpo y alma” y no las instituciones, como sucedió en el caso de Daniela Ramírez, desaparecida y asesinada en mayo de 2019, luego de tomar un taxi en Andrés Totoltepec Tlalpan, en la Ciudad de México.
“Gracias a nuestra estrategia de investigación por cuenta propia, trabajo en equipo, alianzas, activación de redes solidarias y de confianza, apoyo de los medios de comunicación y mucha, mucha estratégica presión, logramos lo que casi nadie logra, que se integrará una buena carpeta de investigación que contribuyera a dar con sus restos”, y agrega que ese trabajo les permitió “entrar en la estadística del dos por ciento, porque en este país de instituciones canallas sólo dos por ciento de las personas que tienen familiares desaparecidos los encuentran y pueden iniciar un proceso de duelo y descanso”.
En agosto, a raíz del confinamiento las redes sociales de colectivos feministas se convirtieron en el medio más empleado para denunciar los casos de asesinatos de mujeres y las fallas institucionales, como sucedió en el caso de Danna Reyes, de 16 años, asesinada en Baja California; Norma Yolanda Ávila Vargas de 45 años, hecho ocurrido en Kanasín, Yucatán; Johana Castro Beiza, asesinada en el municipio de Juan Rodríguez, en Veracruz; Luz Belén N, de 22 años de edad, fue asesinada a balazos en el municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla…
