* Quizás por presunta corrupción la jueza no validó el testimonio de los testigos presenciales de la agresión; consideró que el agredido “por ser periodista pudo tomar ventaja” y que no hubo atentado contra el ejercicio de la libertad de expresión.
* Otro caso de grave impunidad y gran pendiente de la propia Fiscalía General del Estado y del Tribunal Superior de Justicia es el caso de la periodista Rebeca Luna Jiménez, a nueve meses de perpetrada su brutal agresión en el Congreso del Estado.
Por la controvertida actuación de la jueza de control, Sorely Esmirna Castro Vásquez, poco nos duró el gusto que ilusamente creyéramos que se hacía justicia al reportero Othón García Díaz.
El gozo se fue al pozo cinco horas después que la Fiscalía festinara la detención de Julio César López, dueño de la funeraria Santa Lucía y probable agresor, éste fue liberado por la juzgadora.
Durante la audiencia de imputación la jueza de control Castro Vásquez desestimó las pruebas presentadas por la víctima de la agresión, de los testigos y de la Fiscalía General del Estado.
Se pone de manifiesto así que, a pesar de los esfuerzos de los poderes Ejecutivo, de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, persiste la impunidad en la comisión de probables delitos.
Quizás por presunta corrupción la jueza no sólo no validó el testimonio de los testigos presenciales de la agresión, sino llegó a considerar que el agredido “por ser periodista pudo tomar ventaja”.
La juzgadora también consideró que no hubo atentado contra el ejercicio de la libertad de expresión, a pesar que el reportero fue agredido para impedir cumpliera con su labor de informar.
De nada sirvió que un médico legista de la Fiscalía General del Estado dictaminara que las lesiones que le causaran las seis personas que agredieron al reportero tardan en sanar más de 14 días.
Julio César López, integrante de la Asociación de Funerarias abandonó la sala de audiencia al ser apoyada por la jueza, a pesar que fue identificado como el agresor por el reportero y los testigos.
La presunta injusta decisión de la jueza Castro Vásquez provoca un diferendo entre el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía al responsabilizarse a ésta de deficiencias en la imputación.
Para justificar la actuación de la juzgadora por probable corrupción se pretextaron inconsistencias en la integración de la Carpeta de Investigación por el Ministerio Público que hizo la imputación.
El que la Juez de Control goce de autonomía en sus resoluciones y que su mundo sea el mundo del expediente, no le exime que se investiguen sus actuaciones y puedan fincarse responsabilidades.
Así las cosas, es un imperativo categórico que la institución del Ministerio Público interponga los recursos necesarios y el titular del Tribunal Superior de Justicia ordene investigar al respecto.
El doctor Rubén Vasconcelos Méndez, titular de la Fiscalía General del Estado, debe honrar su compromiso público que ¡La Fiscalía está del lado del gremio periodístico!” y defender su trabajo.
Y el Magistrado Eduardo Pinacho: “Lograr que el estado de Oaxaca cuente con un servicio público de administración de justicia con excelencia, ágil, efectivo, confiable, transparente y accesible”.
El diferendo entre el Poder Judicial y la Fiscalía, provocado por la jueza Castro Vásquez debe obligar a afinar su coordinación a los responsables de la procuración y administración de justicia.
Tras la liberación del probable agresor, por fallas de la jueza de control el periodista Othón García Díaz lamentó que en Oaxaca las agresiones contra los comunicadores sigan en la impunidad.
“La justicia en #Oaxaca es para el mejor postor, no para el humilde, tampoco para los periodistas”, señala Othón García, luego que la juez del @tsjoaxaca, Sorely Esmirna Castro, liberara al agresor.
El periodista Othón García Díaz ha manifestado que teme por su integridad física, su vida y la de su familia, por lo que responsabiliza de cualquier atentado a su probable agresor Julio César López.
Otro caso de grave impunidad es la brutal agresión contra la periodista Rebeca Luna Jiménez. Es otro gran pendiente de la propia Fiscalía General del Estado y del Tribunal Superior de Justicia.
El 4 de diciembre de 2019, hace nueve meses la periodista Rebeca Luna Jiménez fue agredida tumultuariamente por habitantes de Santa María Teopoxco, Teotitlán, en el Congreso del Estado.
Ese día, pobladores de Teopoxco, vandalizaron instalaciones del Poder Legislativo en protesta por la negativa de las autoridades a destituir a la presidenta municipal Susana Alvarado y a su cabildo.
No obstante, que sus probables agresores están plenamente identificados a la fecha no han sido detenidos. Los golpes recibidos en brazos y manos siguen afectando la salud de la periodista.
Ante la evidente, pública y notoria impunidad en materia de agresiones a periodistas oaxaqueños, especialmente los casos de Othón y Rebeca, demandamos la intervención del Ombudsperson.
Es indispensable la intervención del Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Bernardo Rodríguez Alamilla, así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Hace falta mayor solidaridad del propio gremio periodístico y menos malentendidos celos profesionales, egoísmos sin sentido y, sobre todo, menos mezquindad. Estamos en la misma barca.
@efektoaguila
