- La disputa de los carteles se está escribiendo en los cuerpos de las mujeres, dice Salguero
- En Tlaxcala persiste la cultura machista institucional
Soledad Jarquín Edgar
La especialista y feminista apuntó que eso cambiaría nuestro estatus como país y destacó que se necesita considerar a la violencia contra las mujeres como una prioridad dentro de la estrategia de seguridad nacional, además del acceso a la justicia.
Al participar en la conferencia semanal de Nosotras Tenemos Otros Datos con el tema Feminicidios, Trata y Crimen Organizado fue tajante al plantear que no se combate esa violencia con “perdón y olvido”, y recordó que las amnistías operan para otro tipo de hechos. Combatir la violencia delincuencial requiere de medidas serias y de fondo, no es con “banderitas blancas ni comités”.
En orden de intervención toco el turno a María Salguero Bañuelos, geofísica creadora del mapa del feminicidio en México, uno de los pocos trabajos de esta naturaleza en América Latina, apuntó que la disputa por el control de los territorios se está escribiendo también en los cuerpos de las mujeres.
Refirió que se ha encontrado “un nuevo patrón” en referencia a la forma en que las mujeres son asesinadas y que muchos de esos asesinatos perpetrados contra las mujeres son producto de venganzas entre los grupos delincuenciales, incluso, dijo que los cuerpos de las víctimas son utilizados para dejar mensajes a sus enemigos lo que revela venganzas entre ellos.
Dio a conocer algunas de las cifras: dos mil 242 mujeres han sido víctimas de asesinatos violentos en los primeros siete meses del año y advirtió que la cifra podría ser aún más elevada, porque muchos de estos feminicidios son considerados como homicidios.
Otro dato que consideró importante es el hecho de que hoy, las víctimas de la violencia machista ejecutada por grupos delincuenciales, es más elevada en Guanajuato que en el Estado de México, entidad que en los últimos años había mantenida la cifra más alta de asesinatos violentos de mujeres y advirtió que otro foco rojo para las mujeres es Colima, donde también hay operaciones del crimen organizado debido a la ubicación estratégica de esa entidad.
Las mujeres son utilizadas como “armas de guerra”, como objetos sexuales por parte de los rivales, aunque ellas no estén relacionadas directamente con el crimen organizado, sino porque muchas veces son familiares de los grupos antagonistas.
A su vez, Verónica Caporal Pérez, directora de Investigación, Formación e Incidencia Política (CIFID) se refirió a cómo esta violencia afecta de manera directa a periodistas y defensoras de derechos humanos, pero además agregó en este grupo a las investigadoras y académicas.
Dijo que las entidades donde es mayor la violencia contra defensoras de derechos humanos y de la libertad de expresión son Guerrero, Tamauliapas, Veracruz y la Ciudad de México. Además de Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Puebla, Oaxaca, Guerrero y Chihuahua, donde se enfrentan a violencia física, psicológica, económica y patrimonial por parte de las estructuras criminales.
Dijo que las defensoras, periodistas y académicas se enfrentan a condiciones de riesgo permanente, se enfrentan a campañas de desprestigio, descalificaciones cargadas de estereotipos sexista y discriminación, condiciones a las que el Estado mexicano no está respondiendo.
Por último, participó la académica Alma Carina Cuevas Fernández, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, quien se refirió a las investigaciones sobre el fenómeno de la trata con fines de explotación sexual.
Dijo que se han planteado propuestas de solución a las instancias de gobierno, sin embargo, la cultura machista institucional persiste, como lo demuestra el crecimiento de municipios donde la trata con fines de explotación sexual sigue persistiendo. Dijo que, en 2008, una investigación de Patricia Olamendi, demostró que había 23 municipios donde operaba este sistema criminal, para 2014, otra investigación indicó que ya eran 35.
Cuevas Fernández agregó que también hay un alto índice de impunidad. Entre 2011 y 2016 se presentaron más de 200 denuncias, solo 13 terminaron en sentencias, es decir, la falta de justicia alcanzó al 93.5 por ciento de las personas que presentaron una denuncia.
Opera, dijo, un sistema proxeneta o un sistema machista institucional, que va desde la complicidad de autoridades municipales para la apertura de centros de divertimento para hombres que permiten y mantienen ese sistema.
Con información de: SEM MÉXICO
