La diputada Anilú Ingram Vallines propuso añadir en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la prevención y atención del acoso sexual contra las mujeres en el transporte y espacios públicos, así como sus sanciones que podrían llegar hasta tres años de prisión.
“Es necesario integrar en la legislación la tipología de acoso callejero o ‘acoso en las calles’, a fin de contar con elementos legales que puedan abrir camino a la creación de una ley directa que castigue y, sobre todo, elimine este tipo de conductas”, explicó la diputada.
La propuesta incluye modificar la Ley General y el Código Penal Federal para sancionar a quien “con fines lascivos, asedie o acose a una persona, aprovechándose de cualquier circunstancia que produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente para la víctima dentro de espacios comunes”.
“La reforma planteada tiene la finalidad de fortalecer las acciones en la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres”, explicó la diputada priista, mediante un comunicado. Las sanciones propuestas irían de uno a tres años de prisión y multa de veinte hasta de cincuenta días multa y el delito de acoso se perseguiría por querella de parte ofendida. Detalló que lo que se busca es adicionar sanciones de tipo penal que limiten y verdaderamente inhiban o en su caso, castiguen conductas impropias hacia la mujer que vulneren su integridad, poniendo en riesgo la libertad de transitar de forma segura y digna.
Las conductas a sancionar podrían ser lo mismo expresiones verbales o físicas, mediante la realización de actos o acciones de tipo erótico o lujuriosas como caricias, manoseos y tocamientos corporales obscenos y que representen actos, conceptos, señas, imágenes explícitas, que tengan connotación sexual, lasciva o de exhibicionismo corporal.
La legisladora aseguró que la eliminación de la violencia de género es una prioridad, que constituye una de las violaciones de los derechos humanos más generalizadas actualmente en el mundo. Mencionó que aunque se han planteado esquemas legales e institucionales para la atención de los distintos tipos de violencia contra las mujeres, en los que se busca la igualdad y equidad entre los géneros, se debe insistir en la necesidad de ampliar el marco jurídico, “en específico para los tipos de violencia que enfrenta la sociedad en las calles y en concreto en los espacios como en transporte público”.
Fuente: CADENA POLÍTICA
