El Fondo de Salud para el Bienestar, antes llamado Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, tenía hasta el 30 de junio un saldo de 101,161.7 millones de pesos, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Hacienda (SHCP). De ese monto, se quiere disponer de una parte para la compra de la vacuna contra el COVID-19.
¿Qué es el Fondo de Salud para el Bienestar?
El fondo se creó el año pasado con la reforma de salud que dio origen al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi); sus recursos provenían del fondo destinado para atender enfermedades que generan gastos catastróficos en las familias, usado con el Seguro Popular, el cual fue desaparecido por el gobierno actual tras considerar que había irregularidades en él.
En noviembre pasado, cuando se reformó la Ley General de Salud, se aprobó que al menos 40,000 millones de pesos del extinto Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos se transfirieran para el nuevo Insabi. A estos se sumarían los 33,000 millones.
La reforma estableció que el Insabi canalizara al Fondo de Salud para el Bienestar el equivalente a 11% de la suma de los recursos del gobierno federal y los estados. De estos, el Insabi asignaría 8% a la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos, 2% a la atención de necesidades de infraestructura preferente en las entidades con mayor marginación social, y 1% para complementar los recursos destinados al abasto y la distribución de medicamentos e insumos, así como al acceso a exámenes clínicos asociados a personas sin seguridad social.
¿Qué dice la propuesta?
De acuerdo con la iniciativa aprobada, cuando el fondo acumule recursos en un monto superior a dos veces la suma aprobada en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2020, como aportaciones al fideicomiso, el remante podrá destinarse a fortalecer acciones de salud a través de su reintegro a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
“Los recursos acumulados que se mantengan en el fondo seguirán garantizando la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos, la atención de necesidades de infraestructura, el abasto y distribución de medicamentos y otros insumos y el acceso a exámenes clínicos”, dice el documento presentado por el diputado Iván Arturo Pérez Negrón.
¿Qué dicen los legisladores de Morena y aliados?
La propuesta fue aprobada en la comisión con 29 votos de Morena, PES y PVEM. Los legisladores de estos partidos argumentaron que la situación sanitaria y la crisis económica que causó ameritan usar los recursos del fondo, los cuales consideraron “ociosos”.
“Una cosa es tener reservas y ahorros, y otra, tener recursos que no se utilizaban”, señaló el diputado morenista Irineo Molina.
El coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Delgado, reconoció que los morenistas tienen prisa por disponer de estos recursos.
“No vamos a tener una recuperación económica clara si no atendemos el tema de salud, necesitamos separar los 33,000 millones de este fondo. No sabemos si será suficiente, no sabemos si sobrará o no, pero sí darle tranquilidad al gobierno mexicano de que tenga un fondo de dónde echar mano de inmediato”, dijo el lunes.
La discusión de esta iniciativa se da en medio del proceso de aprobación del Paquete Económico 2021. La Ley de Ingresos tiene que estar aprobada por el Senado a más tardar a finales de este mes; de acuerdo con los legisladores de la oposición, ahí se tienen contemplados estos recursos y por eso la urgencia.
Durante la aprobación de la desaparición de 109 fondos y fideicomisos, los diputados de Morena intentaron colocar un transitorio en el que se preveía disponer de los recursos de este fondo, pero la propuesta fue retirada. Posteriormente, en la discusión de la Ley de Ingresos en la Cámara baja, de igual manera se incluyó un apartado para usar los 33,000 millones, aunque también fue retirado. Ahora, se apostó por una nueva reforma.
¿Qué dice la oposición?
Diputados de PRD, PAN, PRI y MC advirtieron que votarán en contra, al considerar que el gobierno federal se va a “agandallar” esos recursos, debido a que al transferirse a la Tesofe no se puede garantizar que se van a destinar a salud y a la compra de la vacuna.
“Es una negligencia absolutamente criminal”, dijo Éctor Ramírez, del PAN, al explicar que los recursos del fondo se estiman con base a estudios actuariales que toman en cuenta tanto la esperanza de vida como el aumento de la población.
Tonatiuh Bravo, de MC, solicitó que los recursos no se transfieran a la Tesofe, sino que sea desde el mismo fondo que se destinen para la compra de la vacuna, una vez que esté aprobada, para garantizar que tendrá los fines propuestos.
Propuso una reserva para agregar el objeto del gasto y un ‘candado’, para que solo se pudieran destinar hasta 33,000 millones para la vacuna, y que fuera el Insabi el que destine los recursos sin necesidad que sean trasladados a la Tesofe. Sin embargo, fue rechazada.
¿Qué dicen las organizaciones civiles?
En parlamento abierto, organizaciones civiles advirtieron de los riesgos de quitar recursos al fondo, debido a que están destinados para la atención de enfermedades que causan gastos catastróficos, como el cáncer.
Marcela Vázquez Coronado, del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud, de la Facultad de Medicina de la UNAM, señaló que se debe definir un mecanismo en las reglas de operación del fondo para bajar el recurso, pues consideró que la propuesta como tal no garantiza que los recursos regresarán al sector salud, y se pueden diluir y utilizar par otros fines.
Mayra Galindo Leal, directora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, afirmó que el Fondo de Salud para el Bienestar no debe ser tocado bajo ninguna consideración política o económica, y lamentó la intención de reformar la Ley General de Salud para hacer un uso discrecional de esos recursos.
José de Jesús Navarro Torres, presidente de MPS Jajax, pidió no disminuir más el presupuesto en salud y aplicar el factor de progresividad, e insistió en que eliminar el fondo dejaría en la indefensión y provocaría la muerte de pacientes que carecen de seguridad social.
Fuente: Expansión Política
