La renegociación de los gasoductos, hasta ahora considerada como una batalla ganada por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la iniciativa privada, podría no ser tan beneficiosa para la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La Auditoría Superior de la Federación (ASF) describe en la segunda entrega de la cuenta pública 2019 que al término de los contratos renegociados la compañía eléctrica estatal, dirigida por Manuel Bartlett, pagará 6,836 millones de dólares extras a los estipulados en los contratos originales firmados en anteriores administraciones. Este pago extra se da como parte de una extensión de 10 años en el servicio que prestarán las empresas al gobierno federal.
La ASF entregó este resultado como parte de un análisis emprendido para verificar el beneficio de largo plazo que vería la CFE con los nuevos contratos. En septiembre pasado, el presidente López Obrador anunció que los cambios en los contratos implicaría ahorros por 4,500 millones de dólares. La ASF confirmó que la compañía tendría un ahorro nominal por 4,342 millones de dólares durante los primeros 25 años del contrato. Pero en los siguientes 10 años, debido a la ampliación del contrato y al pago de un cargo fijo, la compañía desembolsará 11,178 millones de dólares extras. “Del año 26 al 35 la CFE pagará por concepto de cargo fijo 11,178 millones de dólares, cifra superior en 157.4% al ahorro que tendría hasta el año 25 de 4,342 millones de dólares”, dice la ASF en el reporte publicado el viernes. “Lo que indica que al final del término de los contratos pagará, en términos nominales, 6,836 millones de dólares adicionales a los estipulados antes de la renegociación de los gasoductos”, se lee en el documento. Así, la negociación de los contratos adjudicados durante el sexenio pasado representarán un ahorro para los primeros 25 años de vigencia del acuerdo, pero no del todo para los próximos 10 años. Los analistas del sector ya habían advertido que el ahorro anunciado por el gobierno federal no tomaba en cuenta las variables de aumento en el plazo de la prestación del servicio y la capacidad que utilizará la empresa.
En el informe, la ASF identificó que hay un riesgo alto de que la negociación de los contratos de prestación de servicios de transporte de gas natural no hayan representado las mejores condiciones para el Estado. Esta cifra toma en cuenta cinco de los siete contratos anunciados por el gobierno federal para ser renegociados a inicios del año pasado, con las empresas IEnova, Carso Energy y Fermaca. Hasta el primer semestre de este año, las negociaciones de los gasoductos Tula-Villa de Reyes y Tuxpan-Tula, ambos adjudicados a TC Energía, antes TransCanada, aún no habían sido concluidas. La negociación de los contratos se basaron principalmente en una modificación de la fecha de inicio de la prestación del servicio y en la ampliación de la vigencia del acuerdo, que pasó de 25 a 35 años en cuatro de los cinco proyectos, excepto en el gasoducto Samalayuca-Sásabe de Carso Energy. También se quitaron los conceptos de cargo variable por uso y cargo fijo por capacidad y fueron sustituidos por una tarifa única. La CFE consiguió que las tarifas por transporte del combustible sea el mismo durante toda la vigencia del contrato y no que éste incremente como estaba estipulado. El gobierno federal inició la negociación de los contratos debido a que estos contenían algunas cláusulas que consideraba injustas. Como ejemplo, la empresa estatal debía de pagar por la capacidad del ducto y no por el porcentaje de uso de éste.
Fuente: Expansión
